Edmundo Jiménez, titular del Ministerio Público Fiscal y Pupilar, volvió a la carga en el caso disciplinario que inició contra el camarista Enrique Pedicone. El jueves, el jefe de los fiscales rechazó el decreto de Antonio Gandur, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, que daba por agotadas las actuaciones y exigió a los vocales que se expidiesen sobre su pedido de sanción. Gandur había cerrado el expediente de superintendencia luego de que Pedicone se manifestara en términos conciliadores respecto de Jiménez, con quien chocó por el control de unos papeles relativos al trámite de la causa “Lebbos”.
Jiménez dijo que la providencia de dos renglones de Gandur había sido redactada en modo ambiguo por quien carecía de competencia para tomar decisiones. “Entiendo que se trata de un proveído de mero trámite, toda vez que el presidente no tiene atribuciones delegadas expresas para decidir en cuestiones de superintendencia ni se trata de una actuación de urgencia que permitiría soslayar el acto de delegación de la Corte previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial”, observó Jiménez en las notas que dejó en las vocalías de Gandur, René Goane, Antonio Estofán, Claudia Sbdar y Daniel Posse.
El ex ministro de Gobierno y de Justicia de José Alperovich añadió que sólo podía interpretar el decreto de Gandur en el sentido de que el proceso administrativo había quedado en condiciones de ser resuelto por la Corte. Jiménez manifestó que no había obtenido aún una respuesta de la Corte respecto del pedido de sanción para Pedicone y que, por ello, reiteraba lo solicitado en dos oportunidades anteriores. Y precisó que esperaba un pronunciamiento motivado, con la consideración de los argumentos y de las cuestiones propuestas oportunamente. Además, advirtió que iniciará “las acciones judiciales pertinentes” en caso de no obtener la decisión pretendida.
Sin comentarios
Fuentes del alto tribunal inscribieron la nueva nota de Jiménez en la tensión existente desde abril de 2015, cuando aquel enfrentó a los vocales por la auditoría de una serie de casos objetados del ex fiscal Guillermo Herrera -acorralado por las denuncias, renunció para jubilarse en septiembre-. En el Palacio de Justicia indicaron que el cierre del caso contra Pedicone, aunque firmado sólo por Gandur, había sido consensuado con la Corte en pleno y vaticinaron que no habría marcha atrás. Consultado por teléfono, Pedicone prefirió abstenerse de hacer comentarios.
El conflicto específico entre Jiménez y el vocal de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción comenzó en junio, y creció al calor de una serie de intercambios por escrito, que la Corte siguió “en directo” a partir de las copias que recibía del camarista. La tensión obedeció al control de unos papeles ligados al expediente de la víctima Paulina Lebbos. Mediante la remisión de al menos cuatro notas distintas, Pedicone había exigido la devolución de los documentos necesarios para proseguir el trámite del caso, que el jefe de los fiscales tenía en su poder por la inhibición del fiscal Alejandro Noguera.
En medio de ese tironeo, el ministro público dijo que las solicitudes de Pedicone eran ilegales y ordenó extraer copias a los fines que “correspondiere”. El camarista respondió que no podía tolerar que Jiménez impusiese silencio “por medio de veladas amenazas”. El 7 de julio y luego de reunirse con la Corte para pedir por primera vez la sanción, Jiménez entregó los papeles. Una semana después, Pedicone informó a Gandur que había recibido la documentación. “En el propósito de cumplir con nuestro deber como tribunal de alzada se pudieron haber deslizado algunos vocablos inoportunos que no se compadecen, con seguridad, con el dictado de nuestra conciencia”, explicó Pedicone.